Otra vez el sello digital como arma de control en la iniciativa de reforma.

Desde el 2013, cuando se propuso por primera vez restringir el uso de los certificados de sello digital, la medida nació con un propósito muy claro: frenar a los defraudadores. Se presentó como una herramienta para castigar a quienes simulaban operaciones, usaban facturas falsas o se declaraban insolventes para no pagar sus deudas, sin embargo, lo que empezó como una medida contra el crimen fiscal, ahora se extiende a prácticamente todos los contribuyentes y aquí es donde empieza la preocupación.

No obstante, si la restricción del sello digital era una forma de combatir a las EFOS, hoy parece una herramienta para controlar al contribuyente promedio, incluso a quienes solo cometan un error o estén enfrentando una dificultad económica, pareciera que ya no solo se trata de perseguir delitos graves, sino de ampliar la red y dejar al empresario en una posición de vulnerabilidad constante.

La iniciativa propone añadir las fracciones XII y XIII y reformar la IX al artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación. En palabras simples, se plantea que, si un contribuyente tiene créditos fiscales firmes que no ha pagado y durante el año anterior emitió facturas por más de cuatro veces el monto histórico de esa deuda, el SAT podrá restringirle temporalmente su sello digital.

Se sabe que en el momento en que una empresa no pueda usar sus Sellos, significa no poder facturar y eso detiene la generación de ingresos del negocio.

Considero que una cosa es sancionar al que defrauda deliberadamente y otra muy distinta es frenar a quien sí produce, paga sueldos, genera empleo y está cumpliendo, pero arrastra una deuda fiscal. Recordemos que vivimos en un país donde las devoluciones tardan meses, los errores del SAT aparecen y los sistemas fallan cada vez más y más, esta medida parece más punitiva que preventiva.

La exposición de motivos dice que la medida es “proporcional y temporal”, que se puede levantar con una solicitud de aclaración. Suena bien en el papel y esperemos que se cumpla lo que en la exposición de motivos se plantea “…la sola presentación de dicha solicitud es suficiente para que la autoridad levante la restricción” esto porque se sabe que en la práctica una aclaración en el portal del SAT no siempre se resuelve en minutos, tardan días, semanas o meses y mientras tanto la empresa no factura. Esperemos que eso sí se respete en caso de aprobarse la adición y reforma a las fracciones del 17-H Bis.

Además, se justifica la reforma con base en el combate a prácticas indebidas en la venta de hidrocarburos o el comercio exterior, como si todos los contribuyentes operaran gasolineras o importaran combustible. Otra vez, el problema de siempre: castigar a todos por los excesos de unos cuantos.

Pareciera que el SAT olvida que muchos de los contribuyentes son emprendedores, profesionistas, pequeños empresarios que buscan salir adelante y, sin embargo, cada año, las reformas se vuelven más restrictivas, más amenazantes, más diseñadas desde la desconfianza.

Mientras tanto, no vemos estímulos reales para quienes sí cumplen. El RESICO ha ayudado a muchos negocios, pero ¿apoco ya no pueden generarse más incentivos a emprendedores o empresas pequeñas? No hay apoyos para nuevos o pequeños emprendedores en general. Solo más controles, más sanciones y más miedo.

El gran problema no es solo jurídico, sino psicológico. Cuando el contribuyente vive con miedo, no piensa en crecer, piensa en sobrevivir y un país con empresarios temerosos no genera riqueza, genera informalidad y eso sí será algo que preocupa.

La fiscalización debería enfocarse en eficiencia y acompañamiento, no en castigo. No se trata de proteger a los evasores, se trata de proteger la economía productiva. El que genera empleo, el que paga renta, el que contribuye de verdad, no merece cargas o reformas que generan más incertidumbre o miedo y, sobre todo, merece una autoridad más empática.

Si la autoridad quiere mejorar la recaudación, porque se nota que el dinero se le está yendo en programas del bienestar, debería empezar por lo básico: resolver sus propios errores, agilizar devoluciones, fortalecer sus plataformas y atender al contribuyente con respeto. Lo demás, más que eficiencia fiscal, honestamente parece control disfrazado.

C.P y M.E.F.I Miguel Ángel Barrón Camberos

Maestro en Estrategias Fiscales

Contador Público

Contacto: 33 1073 6023; miguelbarron@nbcorporativo.com